Nueva Ley Antiokupas: Un Cambio Necesario en España
La okupación ilegal de viviendas ha crecido exponencialmente convirtiéndose en una preocupación creciente en España. Las puertas forzadas, los candados rotos y la incertidumbre en la mirada de los propietarios son la nueva realidad en algunas ciudades españolas.
El gobierno y las instituciones están implementando nuevas
leyes y estrategias para combatir este fenómeno, desde el Plan del IEE hasta
reformas legislativas. ¿Qué medidas se están tomando y cuáles son sus
perspectivas de éxito?.
El Auge de la Okupación
Las cifras de denuncias sobre okupación ilegal han mostrado un crecimiento preocupante en los últimos años, los datos arrojados por el Ministerio del Interior muestran un incremento del 7,4% en 2024 de las okupaciones sobre el año anterior, posicionándose en uno de los años con mayores cifras históricas.
Cataluña lidera las estadísticas concentrando el 42% del total nacional, seguido de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid, afectando principalmente a grandes ciudades donde el acceso a la vivienda se dificulta por el incremento de los precios de compra y alquiler.
Si realizamos una comparativa histórica los datos son aún más alarmantes con un aumento del 34,5% de la okupación en los últimos 6 años.
Existen 2 tipos de ocupación con diferentes consecuencias legales, la usurpación se refiere al allanamiento de inmuebles deshabitados sin consentimiento del propietario, mientras que el allanamiento de morada implica la entrada ilegal en una vivienda habitada constituyendo un delito más grave.
El fenómeno de la okupación viene suscitado por diferentes factores económicos, sociales y legislativos, como las crisis económicas, el difícil acceso asequible a la vivienda y la ineficiencia legislativa.
Medidas Legales Recientes
En los últimos años, se han implementado una serie de medidas legales significativas para combatir la problemática de la okupación ilegal de inmuebles con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y erradicar las ocupaciones ilegales mediante el endurecimiento de las penas.
· La Nueva Ley Antiokupas 2025
La Ley Orgánica 1/2025, que entró en vigor el pasado 3 de abril, introduce una reforma sustancial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para combatir la okupación ilegal de inmuebles. Entre sus principales novedades destaca la incorporación de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda al procedimiento penal de juicios rápidos, regulado por el artículo 795 de la LECrim. Este cambio permite que los casos sean resueltos en un plazo máximo de 15 días hábiles, agilizando significativamente procesos que anteriormente podían extenderse durante meses o incluso años debido a la saturación judicial.
Además, la ley elimina requisitos que anteriormente retrasaban los desalojos, como los estudios de vulnerabilidad social del ocupante, al considerar estos delitos como flagrantes y prioritarios.
· Endurecimiento de penas por okupación ilegal
La Ley Orgánica 1/2025, también contempla un endurecimiento significativo de las penas para quienes cometan delitos relacionados con la okupación ilegal de inmuebles, como el allanamiento de morada (art. 202 del Código Penal) y la usurpación de vivienda (art. 245 del Código Penal). Esta reforma tiene como objetivo disuadir la okupación ilegal y garantizar una protección más efectiva del derecho a la propiedad privada.
Entre las medidas más destacadas se encuentra el incremento de las sanciones económicas, con multas que ahora pueden alcanzar hasta los 24 meses de cuota diaria, dependiendo de la gravedad del delito y la capacidad económica del infractor. En los casos más graves, como el allanamiento de morada en viviendas habitadas o con violencia, se establece la posibilidad de imponer penas privativas de libertad que oscilan entre 1 y 3 años, reforzando el carácter disuasorio de la normativa.
Además, se introducen agravantes específicos para situaciones en las que la okupación se realice en grupo organizado, con fines lucrativos o afectando bienes destinados a servicios esenciales. En estos casos, las penas pueden incrementarse significativamente, incluyendo multas más severas y penas de prisión superiores al rango habitual. También se prevé una mayor contundencia en el caso de reincidencia, aplicando criterios más estrictos en la valoración judicial.
El Plan del IEE (Instituto de Estudios Económicos)
El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado una serie de medidas recogidas en “El Plan de Choque contra la Okupación” con el objetivo de proteger los derechos de la propiedad privada en España, agilizar los procesos judiciales y mitigar los efectos económicos derivados de la okupación.
El plan establece el desalojo policial en menos de 72 horas mediante medidas cautelares eficientes para garantizar una respuesta eficaz y restaurar la confianza en el sistema legal.
La equiparación del delito de usurpación al allanamiento de morada para agilizar procesos judiciales puesto que, actualmente, la usurpación tiene penas más leves y procedimientos más lentos.
La exención fiscal sobre la imputación de rentas inmobiliarias para propietarios afectados durante la okupación desde el momento en que inicia un procedimiento judicial para recuperar la posesión del inmueble, con el objetivo de evitar pérdidas económicas significativas para el propietario y facilitar la recuperación de la propiedad.
Enfoques Integrales para Abordar la Okupación
Para resolver el problema de la okupación de manera sostenible es necesario combinar enfoques y medidas legales con estrategias sociales y económicas que aborden las causas estructurales del problema.
El incremento de la promoción y construcción de la vivienda social para garantizar el acceso a hogares dignos especialmente para las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Además, se deben establecer criterios claros y transparentes para la asignación de estas viviendas, priorizando a aquellos colectivos en riesgo de exclusión social y fomentando una distribución equitativa en todo el territorio.
El fortalecimiento de los servicios sociales es esencial para proporcionar apoyo integral a las familias vulnerables, reduciendo el riesgo de exclusión social. Esto incluye el desarrollo e implementación de programas educativos que promuevan la formación académica y profesional, así como iniciativas laborales que faciliten el acceso al empleo digno y estable. Estas medidas deben estar complementadas con servicios psicológicos, asesoramiento financiero y ayudas económicas específicas, creando un marco integral que permita a las personas superar situaciones de precariedad y alcanzar una mayor estabilidad social y económica.
Podemos concluir que el futuro de la lucha contra la okupación en España requiere un enfoque integral, transversal y en constante evolución. Solo a través de este enfoque global, que combine la aplicación de la ley con la empatía y la búsqueda de soluciones sociales, se podrá avanzar hacia una sociedad donde resida el respeto a la propiedad privada y la protección de los derechos fundamentales.