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Préstamos Participativos y Planes de Reestructuración: Límites a su Clasificación Concursal

La correcta clasificación de los créditos adquiere especial relevancia en los planes de reestructuración, tanto por su incidencia en la formación de las clases como por sus efectos sobre el cómputo de las mayorías necesarias para su aprobación. En este contexto, el tratamiento concursal de los préstamos participativos plantea una cuestión particularmente relevante cuando no existe un pacto expreso de subordinación.

La Sentencia del Tribunal de Instancia de Madrid, Sección de lo Mercantil, Plaza n.º 15, núm. 61/2026, de 17 de junio, aborda esta cuestión al examinar la solicitud de confirmación judicial de las clases de acreedores propuestas por Contenidos para Marcas, S.L. con carácter previo a la elaboración del futuro plan de reestructuración. La resolución considera que el principal del préstamo participativo de ENISA no debe calificarse como crédito subordinado por el mero hecho de tener esta naturaleza, sino que, en ausencia de un pacto contractual expreso de subordinación, debe recibir la consideración de crédito financiero ordinario.

El pronunciamiento tiene además una segunda dimensión relevante: la correcta formación de las clases de acreedores. A partir de la reclasificación del préstamo de ENISA, el tribunal considera que no existe justificación para mantener una clase específica que agrupe como subordinados el principal y los intereses del préstamo participativo, por lo que declara mal formada la clase E1 y acuerda su eliminación.

 

Prestamos Participativos


La Naturaleza Concursal de los Préstamos Participativos

Los préstamos participativos presentan una configuración singular dentro de la financiación empresarial. El artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996 establece, entre sus características, que, en el orden de prelación de créditos, se sitúan después de los acreedores comunes. Esta previsión plantea una cuestión relevante cuando la empresa prestataria entra en concurso: si dicha posición implica necesariamente que el crédito deba clasificarse como subordinado.

La cuestión cobra especial importancia a la luz del artículo 281.1.2.º del Texto Refundido de la Ley Concursal, que considera subordinados los créditos que, por pacto contractual, tengan el carácter de subordinados respecto de todos los demás créditos contra el concursado, incluidos los participativos. El alcance de esta previsión ha dado lugar a distintas interpretaciones sobre si la propia naturaleza participativa del crédito determina su subordinación concursal o si, por el contrario, resulta necesario un pacto expreso.

La Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha sostenido este criterio y, en particular, la SAP de 9 de septiembre de 2025 (ROJ SAP M 9226/2025) considera que los créditos participativos son ordinarios salvo que exista un pacto contractual expreso de subordinación.

La distinción no es meramente formal. La consideración de un crédito como subordinado supone una posición menos favorable para su titular y, en el marco de un plan de reestructuración, puede tener consecuencias sobre la formación de las clases de acreedores y las mayorías necesarias para su aprobación. De ahí la relevancia de determinar cómo debe calificarse este tipo de financiación en el contexto de una reestructuración.

 

Sentencia del Tribunal de Instancia de Madrid 61/2026

La Sentencia 61/2026 del Tribunal de Instancia de Madrid, Sección de lo Mercantil (Plaza n.º 15), de 17 de junio, analiza esta cuestión en el marco de una solicitud de confirmación judicial de las clases de acreedores propuestas para un futuro plan de reestructuración. Entre ellas se había configurado una clase específica de créditos subordinados, integrada por el crédito de ENISA derivado de un préstamo participativo, con un principal de 300.000 euros y 47.838,15 euros en concepto de intereses.

La Abogacía del Estado, en representación de ENISA, se opuso a esta configuración y solicitó que el crédito no se incluyera íntegramente en la clase de subordinados, distinguiendo entre el principal, que debía clasificarse como crédito financiero ordinario, y los intereses, que debían calificarse como subordinados. La controversia exigía determinar, por tanto, tanto la naturaleza concursal del crédito como su incidencia en la formación de las clases del plan.

Para resolverla, el tribunal parte de la existencia de criterios jurisprudenciales divergentes sobre la clasificación de los préstamos participativos. Mientras la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, ha considerado que los créditos participativos son subordinados, tanto en principal como en intereses, la Sección 28.ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha sostenido que, en ausencia de un pacto contractual expreso, deben calificarse como ordinarios. El Tribunal de Instancia de Madrid se alinea con este último criterio y considera que la mera sujeción al régimen previsto en el artículo 20 del Real Decreto-ley 7/1996 no basta para atribuir carácter subordinado al crédito.

Aplicando este criterio al caso, la sentencia concluye que el principal del préstamo concedido por ENISA, por importe de 300.000 euros, debe clasificarse como crédito financiero ordinario, al no existir un pacto expreso de subordinación. Por ello, debe integrarse en la clase correspondiente a los créditos financieros ordinarios y no en la específicamente configurada para los subordinados. Los 47.838,15 euros de intereses mantienen, en cambio, la consideración de créditos subordinados conforme al artículo 281.1.3.º TRLC, al tratarse de intereses sin garantía real, pero deben trasladarse a la clase E3, correspondiente a los intereses de la deuda financiera ordinaria sin conflicto.

Esta conclusión tiene consecuencias sobre la estructura de clases propuesta. Una vez descartado el carácter subordinado del principal, el tribunal considera que tampoco existe justificación para mantener en una clase específica los intereses del préstamo participativo por el mero hecho de derivar de ese préstamo. En consecuencia, elimina la clase E1 y ordena trasladar esos intereses a la clase E3, con la consiguiente incidencia en la composición y en el cómputo de las mayorías de esta última.

Finalmente, el fallo no confirma las clases B2, E1 y E3 en su configuración propuesta, mientras que confirma el resto de las clases en los términos establecidos en la resolución. La sentencia precisa además que, si el futuro plan respeta lo acordado y las advertencias formuladas, la formación de clases no podrá invocarse posteriormente como motivo de impugnación u oposición a su homologación, conforme al artículo 626.4 TRLC.

 

Implicaciones Prácticas: la Formación de Clases como Límite a la Configuración del Plan

La resolución pone de manifiesto que la configuración de las clases de acreedores debe atender a la posición concursal de los créditos y a la existencia de un interés común determinado conforme a criterios objetivos. Los créditos de un mismo rango pueden separarse en distintas clases cuando existan razones suficientes que lo justifiquen, de acuerdo con el artículo 623 TRLC, que permite atender, entre otros factores, a la naturaleza financiera o no financiera del crédito, al conflicto de intereses o a la forma en que los créditos vayan a quedar afectados por el plan.

En el caso analizado, una vez considerado el principal del préstamo participativo como crédito financiero ordinario, no resulta justificado mantenerlo en una clase de créditos subordinados creada específicamente para ese crédito. La correcta calificación del crédito se convierte así en un elemento previo para determinar su integración en las distintas clases y, en consecuencia, su participación en la votación del plan y en las mayorías necesarias para su aprobación.

La cuestión adquiere especial relevancia cuando la configuración de las clases puede incidir en el resultado de la reestructuración. Una separación que carezca de una base objetiva puede modificar el peso relativo de determinados acreedores y afectar a las mayorías exigidas para la aprobación del plan. Por ello, la estructura de las clases debe responder a las características reales de los créditos y a las diferencias jurídicas o económicas que permitan justificar su tratamiento separado.

La sentencia no supone, por tanto, que los préstamos participativos deban integrarse necesariamente en una misma clase ni que cualquier clase diferenciada resulte improcedente. Lo relevante es que la separación responda a razones suficientes y a criterios objetivos, atendiendo, entre otros factores, a la naturaleza financiera o no financiera del crédito, a los posibles conflictos de intereses o a la forma en que los créditos vayan a quedar afectados por el plan. La resolución subraya, en definitiva, la necesidad de analizar conjuntamente la naturaleza de los créditos y los criterios utilizados para agruparlos antes de someter un plan de reestructuración a votación.