Apagón Judicial:
El Impacto del Apagón en el Sistema Legal Español
El apagón del 28 de abril de 2025, que sumió a la España peninsular en la oscuridad, no solo afectó a hogares y empresas, sino que paralizó un pilar esencial del Estado de derecho, el sistema judicial. En un contexto de creciente dependencia tecnológica, la interrupción eléctrica dejó en suspenso vistas urgentes, congeló plazos procesales y bloqueó el acceso a expedientes digitales durante horas críticas. Este colapso no solo expuso la vulnerabilidad de la justicia ante fallos de infraestructura, sino que puso en jaque garantías fundamentales como el derecho a un proceso sin dilaciones y el acceso a la tutela judicial efectiva.
¿Sabías que el apagón dejó a 450.000 profesionales del derecho sin herramientas digitales? El sector legal español aún lidia con los plazos perdidos y las visitas suspendidas.
Datos recogidos a partir del CGPJ y Consejo General de la Abogacía Española.
Impacto en la Actividad Judicial
El apagón generalizado desencadenó un efecto dominó inmediato en la operativa judicial española, evidenciando la vulnerabilidad crítica de un sistema altamente dependiente de la infraestructura tecnológica. Provocó una paralización significativa de numerosas actividades esenciales:
Suspensión de procedimientos judiciales
La consecuencia más evidente fue la interrupción total de la actividad en los tribunales de toda España. La falta de suministro eléctrico suspendió inmediatamente la celebración de juicios y vistas orales programadas, al imposibilitar el acceso a expedientes digitales, sistemas de grabación y garantizar condiciones mínimas de seguridad en sedes judiciales.
Imposibilidad de tramitación electrónica
Plataformas como LexNET quedaron inoperativas, bloqueando la presentación electrónica de escritos, demandas y recursos. La Dirección General de Transformación Digital confirmó la indisponibilidad prolongada de estos servicios, generando incertidumbre sobre el cumplimiento de plazos procesales y riesgos de indefensión.
Retrasos y suspensión de plazos procesales
Ante la magnitud de la crisis los colegios de abogados y procuradores de España, solicitaron la suspensión extraordinaria de términos procesales bajo el concepto de fuerza mayor. El CGPJ aplicó el artículo 135.2 LEC, permitiendo la presentación de escritos urgentes en el siguiente día hábil sin necesidad de justificación, medida extendida a todos los órdenes jurisdiccionales para salvaguardar las garantías procesales.
Funcionamiento de servicios esenciales bajo presión
Aunque se mantuvo la operatividad de la Asistencia Letrada al Detenido (ALD) y el Servicio de Atención Colegial (SAC), la ausencia de acceso a expedientes digitales obligó a realizar registros manuales, con el consiguiente riesgo de errores y ralentización. El ICAM desplegó su Comité de Crisis, mientras el decano supervisó personalmente la atención en comisarías y juzgados de guardia, reconociendo la labor de los profesionales en condiciones límite.
Efectos en la Administración de Justicia
El apagón generalizado no solo interrumpió la actividad judicial de cara al público y los profesionales, sino que también tuvo un profundo impacto en el funcionamiento interno de la Administración de Justicia, exponiendo la vulnerabilidad de su infraestructura tecnológica:
Bloqueo de sistemas y bases de datos
La interrupción energética inutilizó bases de datos esenciales como el Registro Civil y el Censo de Condenados, imposibilitando consultas urgentes de antecedentes penales o estados procesales. Esta ruptura operativa paralizó la toma de decisiones en fiscalías y secretarías judiciales.
Blindaje informático fallido
La ausencia de protocolos de redundancia dejó a jueces y funcionarios sin acceso a expedientes digitales, forzándolos a usar archivos físicos desactualizados. Esta dependencia de formatos obsoletos comprometió la calidad resolutiva, especialmente en instrucciones donde la información en tiempo real es clave.
Colapso de las comunicaciones judiciales
El apagón no solo paralizó sistemas informáticos, sino que aisló por completo al sector judicial, abogados, procuradores, jueces y funcionarios quedaron desconectados de sus canales habituales imposibilitando la coordinación de actuaciones urgentes.
La vuelta a métodos manuales, como registros en papel y comunicaciones presenciales, ralentizó trámites y aumentó el riesgo de errores, mientras los ciudadanos perdían acceso a certificados, consultas de expedientes y presentación de escritos, paralizando tanto la gestión interna como la atención al público.
Aunque el CGPJ suspendió los plazos procesales los días 28 y 29 de abril, la medida resultó insuficiente ante la imposibilidad material de trabajar, sin acceso a LexNET, sin comunicaciones operativas y con tribunales colapsados, declarar los días inhábiles habría evitado incertidumbres jurídicas. La mera suspensión de plazos, sin inhabilitación formal, dejó en un limbo a abogados y ciudadanos, obligados a intentar trámites sin garantías de éxito.
Congestión en la atención ciudadana
La caída de sistemas como la Sede Judicial Electrónica saturó los canales tradicionales:
- Colas masivas en ventanillas por la inoperatividad de citas previas digitales.
- Imposibilidad de emitir certificados o consultar estados procesales online.
- Sobrecarga de líneas telefónicas, generando retrasos en trámites básicos.
Parálisis operativa interna
El personal judicial enfrentó retos logísticos sin precedentes:
- Registro manual de comparecencias y plazos, con riesgo de errores.
- Coordinación presencial entre departamentos, ralentizando flujos de trabajo.
- Documentación en papel como único respaldo, exponiendo vulnerabilidades en la validación de firmas.
El incidente puso de manifiesto la ausencia de medidas de contingencia adecuadas en el ámbito tecnológico judicial. La falta de generadores en muchos juzgados, la centralización de servidores sin respaldo geográfico y la dependencia de proveedores externos para el mantenimiento de plataformas críticas como LexNET, evidenciaron la necesidad de fortalecer la resiliencia del sistema.
Este escenario demuestra que, pese a los avances en digitalización, la Justicia española carece de protocolos robustos para asegurar la continuidad operativa ante crisis prolongadas. Es imprescindible que la modernización tecnológica vaya acompañada de inversiones en infraestructuras críticas y de la elaboración de planes de emergencia sectoriales que garanticen la prestación del servicio en cualquier circunstancia.
Lecciones Internacionales y Respuesta Institucional ante la Crisis
El apagón que afectó a España no es un fenómeno aislado en el contexto global. A lo largo de las últimas décadas, varias regiones del mundo han experimentado interrupciones masivas en el suministro eléctrico que han puesto a prueba la resiliencia de sus sistemas judiciales y administrativos. Estas experiencias ofrecen valiosas lecciones para entender la magnitud del desafío y la necesidad de contar con planes de contingencia sólidos.
Históricamente, fallos eléctricos masivos como el de Nueva York en 2003, originado por un error en el software de alarmas de una eléctrica, o el de 1977, con saqueos y caos social, han demostrado la vulnerabilidad de los sistemas judiciales ante crisis energéticas. Estos precedentes impulsaron reformas clave en otros países, como la obligatoriedad de redundancia eléctrica en infraestructuras críticas en Estados Unidos o protocolos descentralizados en Alemania.
En contraste, la respuesta española tras el apagón de 2025 reveló una preparación fragmentada. Aunque el CGPJ suspendió ágilmente plazos procesales y permitió presentar escritos urgentes al día siguiente, apoyándose en el artículo 135.2 de la LEC, lo hizo sin un plan de contingencia específico para crisis energéticas, recurriendo a normativas genéricas. Las reuniones de emergencia de la Comisión Permanente evidenciaron improvisación, sin manuales operativos preestablecidos.
Además, la centralización tecnológica del sistema judicial español con servidores únicos y dependencia de proveedores externos para plataformas como LexNET, contrasta con modelos descentralizados que garantizan resiliencia en otros países. Mientras Alemania prioriza nodos regionales autónomos, España aún debe abordar esta vulnerabilidad estructural.
En definitiva, el apagón ha dejado claro que la justicia española necesita avanzar más allá de la modernización tecnológica y apostar por una estrategia integral que incluya inversiones en infraestructuras críticas blindadas, planes de emergencia sectoriales y protocolos específicos para garantizar la continuidad del servicio en situaciones excepcionales. La experiencia internacional demuestra que la prevención y la planificación son claves para evitar que una crisis energética se traduzca en una crisis institucional que afecte derechos fundamentales y la confianza en el sistema judicial.