Google Frente a la Unión Europea: Multa Multimillonaria por Prácticas Abusivas en Adtech
En un pronunciamiento que ha sacudido el sector tecnológico europeo, Google ha anunciado su intención de recurrir una sanción de 2.590 millones de euros impuesta por la Unión Europea por presuntas prácticas abusivas en el mercado de tecnología publicitaria ‘adtech’. Esta multa representa la segunda de mayor cuantía en la historia de las investigaciones de competencia comunitarias y pone en evidencia la creciente tensión entre los gigantes tecnológicos y los organismos reguladores europeos. La Comisión Europea acusa a Google de aprovechar su posición dominante para favorecer sus propios servicios en detrimento de competidores durante más de una década, vulnerando el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que prohíbe el abuso de posición dominante.
Cómo Google se Convirtió en el Objetivo de la UE
La investigación de la Comisión Europea sobre Google se remonta a 2014, aunque el procedimiento formal comenzó en junio de 2021. La Comisión inició una investigación para evaluar la existencia de prácticas abusivas por parte de Google en el sector de la tecnología publicitaria, conocido como ‘adtech’. Se acusa a Google de haber empleado su posición dominante para favorecer sus propios servicios y plataformas publicitarias, tales como AdX, DFP y Google Ads, en prejuicio de otros competidores que también operan en la cadena de suministro publicitaria digital.
Entre los supuestos abusos se encuentran la imposición de restricciones para el acceso a datos clave de comportamiento de usuarios y la limitación de la competencia en la compra y venta de espacios publicitarios, favoreciendo así el ecosistema propio de Google en perjuicio de anunciantes, editores y otras compañías del sector. La Comisión Europea considera que estas conductas vulneran el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe el abuso de posición dominante en los mercados interiores.
El expediente concluyó en 2025 con una multa récord de 2.590 millones de euros, la segunda mayor sanción impuesta por la UE en materia de competencia. Además, se ordenó a Google modificar sus prácticas para evitar conflictos de interés, debiendo cesar estas conductas y presentar en un plazo de 60 días un plan para garantizar el cumplimiento de la resolución, bajo la amenaza de sanciones adicionales o posibles medidas estructurales, como la desinversión en partes de su negocio publicitario digital.
Fundamento Jurídico: el Artículo 102 del TFUE y Precedentes Relevantes
La Comisión Europea sustenta su sanción en los principios fundamentales del derecho de la competencia, enfocándose en la protección contra prácticas derivadas de posiciones dominantes que distorsionan los mercados y restringen la libre concurrencia. En este marco, el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es esencial, ya que permite sancionar conductas que, sin impedir la competencia, la falsean mediante prácticas desleales o excluyentes.
En el caso de Google en el sector ‘adtech’, la Comisión ha identificado un conflicto estructural vinculado a la integración vertical de sus servicios, que actúan simultáneamente como intermediarios, compradores y vendedores en la cadena publicitaria digital. Esta situación ha originado ventajas competitivas desleales para sus propias plataformas, obstaculizando el acceso a la y afectando negativamente la transparencia del mercado. Según la Comisión, estas conductas anticompetitivas reducen las opciones disponibles para editores y anunciantes, otorgando a Google una ventaja injusta que lesiona el mercado europeo y vulnera la normativa del artículo 102 TFUE.
Estas conclusiones se alinean con precedentes jurisprudenciales donde la Unión Europea aplicó con firmeza el artículo 102 TFUE para sancionar abusos de grandes corporaciones tecnológicas. La multa impuesta a Microsoft en la década de 2000, por prácticas restrictivas derivadas de la integración obligatoria de su reproductor multimedia con el sistema operativo, sentó un precedente clave en la regulación de abusos. De forma paralela, la sanción a Intel por descuentos condicionados que excluían competidores en el mercado de procesadores, aunque parcialmente revocada por el Tribunal General de la UE tras analizar en profundidad las pruebas económicas, estableció importantes criterios para el análisis de efectos y el concepto de abuso en descuentos de fidelización.
De igual manera, Google ha sido objeto de sanciones previas, destacando el caso Google Shopping, donde se le reprochó el uso de su posición dominante como motor de búsqueda para favorecer sistemáticamente su servicio de comparación de compras. Esta resolución, confirmada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consolidó la doctrina del “abuso por efecto de palanca”, que busca limitar prácticas que distorsionan mercados emergentes o de especial relevancia.
En suma, estos capítulos jurisprudenciales reflejan la determinación de la UE por preservar un entorno competitivo en mercados digitales y tecnológicos, donde la sólida posición de dominio no se traduzca en conductas que frenen la innovación ni restrinjan injustamente la competencia efectiva.
El Proceso Judicial y la Defensa de Google
Tras la imposición de la multa de 2.590 millones de euros a Google por parte de la Comisión Europea, la empresa tecnológica ha presentado los correspondientes recursos legales ante las instancias judiciales europeas, iniciando el proceso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). En este tribunal, la compañía cuestiona tanto los fundamentos de hecho como los jurídicos que sustentan la sanción impuesta. El TGUE, con experiencia en casos similares y varios recursos anteriores interpuestos por Google, evalúa la legalidad y proporcionalidad de las decisiones de la Comisión Europea. En ocasiones, este tribunal ha confirmado multas contra Google, aunque también ha anulado o reducido ciertos aspectos, mostrando la complejidad y matices que caracterizan estos litigios.
Una vez resuelta la instancia en el TGUE, la parte afectada puede acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima autoridad judicial en materia comunitaria. Google ya ha presentado recurso de casación ante el TJUE, buscando la anulación total o parcial de la multa, o al menos una reducción significativa de su importe.
En su defensa, Google sostiene que las prácticas señaladas no constituyen un abuso de posición dominante y critica la investigación de la Comisión por basarse en interpretaciones incorrectas de los hechos y del impacto real en la competencia. Asimismo, argumenta que las multas y las restricciones solicitadas podrían frenar la innovación y perjudicar la inversión en plataformas digitales abiertas, resaltando los beneficios que su modelo aporta a usuarios, anunciantes y desarrolladores.
Por su parte, la Comisión Europea defiende con firmeza la legalidad y necesidad de la multa como herramienta esencial para garantizar una competencia justa en el mercado digital europeo. Insta al TJUE a desestimar los recursos interpuestos, subrayando que las conductas detectadas perjudican gravemente el ecosistema publicitario y requieren sanciones ejemplares para corregir las distorsiones identificadas.
Este proceso judicial es un reflejo del papel crucial de los tribunales europeos en supervisar y equilibrar las acciones regulatorias en sectores tan estratégicos como el digital, con posibles implicaciones decisivas para la regulación tecnológica y empresarial en Europa.
La Autoridad de Competencia en la Era Digital
En un contexto de acelerada transformación digital, la autoridad europea de competencia enfrenta el desafío de adaptar sus herramientas y metodologías para garantizar mercados justos y propicios para la innovación. El caso de Google y otras grandes tecnológicas evidencia la necesidad de una supervisión activa y rigurosa que combata prácticas que distorsionan la competencia en ecosistemas digitales complejos y de rápida evolución.
La Comisión Europea y los tribunales comunitarios juegan un papel esencial al establecer precedentes jurídicos que fomentan la transparencia, la equidad y la igualdad de oportunidades en el mercado único digital. Así, contribuyen a fortalecer la soberanía tecnológica europea y a impulsar una economía más competitiva, innovadora y sostenible.
El equilibrio entre una regulación efectiva y el estímulo a la innovación será clave para el futuro de la gobernanza digital europea, asegurando que el progreso tecnológico no comprometa ni la libre competencia ni los derechos de los consumidores.
