El Impacto de los MASC en la Justicia Española y la Urgencia de Unificar Criterios
La reciente implantación obligatoria de los Métodos Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) en el proceso civil español, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, ha supuesto una de las transformaciones más profundas del sistema judicial en las últimas décadas. Sin embargo, la falta de criterios claros y uniformes en su aplicación ha generado incertidumbre entre los profesionales del Derecho, pudiendo originar desigualdades y falta de seguridad jurídica para los ciudadanos. En este contexto, la Abogacía reclama la unificación de criterios como condición indispensable para garantizar la eficacia y coherencia de estos mecanismos. En este artículo analizamos el impacto de los MASC en los distintos ámbitos jurisdiccionales desde su entrada en vigor, las consecuencias derivadas de la falta de uniformidad interpretativa, y las posibles soluciones para lograr una aplicación más homogénea y efectiva de estos instrumentos de resolución de conflictos.
Contexto y Objetivos de los MASC
Los Métodos Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) suponen un cambio de paradigma en la manera de abordar y resolver las controversias jurídicas. Estos mecanismos, que engloban la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje, se caracterizan por ofrecer alternativas al tradicional proceso judicial, fomentando el diálogo, la negociación y la búsqueda de soluciones consensuadas entre las partes en disputa.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, la utilización de un MASC se ha convertido en un requisito previo obligatorio para poder presentar una demanda en el ámbito civil y mercantil, salvo en los supuestos expresamente exceptuados por la ley. De este modo, las partes deben acreditar que han intentado previamente resolver su conflicto a través de alguno de estos mecanismos antes de acudir a los tribunales.
El principal objetivo de esta reforma es contribuir a la descongestión de los órganos judiciales, promoviendo vías de resolución más ágiles, flexibles y eficientes para la resolución de conflictos. Además, se pretende fomentar una cultura de diálogo y acuerdo, reducir tanto los costes, como los plazos de los procedimientos y, en definitiva, mejorar la percepción y satisfacción de la ciudadanía respecto al sistema de Justicia. La obligatoriedad de los MASC responde, por tanto, a la necesidad de modernizar el sistema judicial y adaptarlo a las nuevas demandas sociales y profesionales.
La Abogacía Exige Unificación de Criterios
La implantación de los MASC como requisito previo para la admisión de demandas ha generado una profunda preocupación en la Abogacía debido a la falta de criterios uniformes sobre su aplicación. El colectivo de abogados advierte que la dispersión de interpretaciones por parte de jueces, letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y órganos jurisdiccionales pone en riesgo la seguridad jurídica y la igualdad de trato, suscitando una creciente incertidumbre para los clientes ya que dificulta la previsibilidad de los procedimientos.
Entre los argumentos principales que sustentan esta exigencia destaca que pueden verse afectadas:
- Seguridad jurídica: la ausencia de criterios claros sobre la obligatoriedad o voluntariedad de acudir a un MASC, los requisitos de admisibilidad, los plazos y la documentación exigida, dificulta la correcta defensa de los intereses de los clientes y puede dar lugar a resoluciones contradictorias.
- Igualdad de trato: la disparidad de criterios entre territorios y órganos judiciales genera situaciones en las que demandas similares pueden ser admitidas o inadmitidas en función del criterio aplicado, pudiendo verse vulnerado el principio de igualdad ante la ley.
- Predictibilidad y confianza: los abogados reclaman pautas que les permitan asesorar a sus clientes con certeza sobre los pasos a seguir, los riesgos de inadmisión y las posibilidades de éxito en cada caso.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha manifestado reiteradamente su preocupación ante esta situación y ha solicitado tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la elaboración de guías prácticas y criterios orientativos que garanticen una interpretación homogénea de la normativa. Así lo recoge en su reciente documento “Propuesta de unificación de criterios del requisito de procedibilidad de los MASC”. Además, el presidente del CGAE ha pedido la activación de la Comisión de Calidad para supervisar el desarrollo de la Ley 1/2025 y evitar que la falta de uniformidad se convierta en un obstáculo para el acceso a la justicia.
Las consecuencias prácticas de esta dispersión son múltiples, retrasos en la admisión de demandas, incremento de recursos procesales, inseguridad para abogados y clientes, y el riesgo de que el nuevo requisito se convierta en un obstáculo, en lugar de una herramienta de eficiencia. Cuestiones como la determinación de la obligatoriedad del MASC en determinados supuestos, los plazos para su acreditación, la posibilidad de subsanación en caso de defecto y los motivos de impugnación de los acuerdos alcanzados, están siendo interpretadas de manera dispar, lo que genera confusión y una litigiosidad añadida.
Por ello, la Abogacía subraya la necesidad de que los organismos competentes establezcan criterios uniformes y precisos, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la eficacia de los MASC como verdaderos instrumentos de modernización y mejora del sistema judicial.
Impacto de los MASC
La aplicación de los Métodos Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) está transformando la gestión de disputas en el sistema jurídico español, aunque su impacto varía según la jurisdicción y la claridad de los criterios aplicados.
En el ámbito civil y mercantil, la Ley Orgánica 1/2025 ha convertido los MASC en un requisito previo obligatorio para la mayoría de los procedimientos, salvo algunas excepciones, como los procesos de divorcio, separación o nulidad, así como otros supuestos, como procesos monitorios, procedimientos de jurisdicción voluntaria, y litigios en los que intervenga el Ministerio Fiscal o la Administración Pública. Esta medida ha permitido resolver muchos conflictos de forma más rápida y eficiente, ayudando además a aliviar la carga de los tribunales. Sin embargo, la falta de uniformidad en los requisitos para acreditar el intento de solución extrajudicial puede generar inseguridad y desigualdades, ya que mientras algunos juzgados aceptan acreditaciones sencillas, otros exigen una documentación mucho más exhaustiva, lo que ha dado lugar a la inadmisión de demandas en casos similares.
En derecho de familia, aunque los MASC no son obligatorios en procesos de divorcio o separación, sí se emplean con éxito en asuntos como regímenes de visitas o pensiones. Se ha comprobado que la mediación familiar resulta eficaz para reducir la conflictividad y alcanzar acuerdos más duraderos.
En el ámbito penal, la justicia restaurativa está ganando presencia como complemento al proceso judicial, especialmente en delitos leves y en fases previas o posteriores al juicio. Este modelo permite que víctimas y ofensores participen activamente en la reparación del daño, con la ayuda de un facilitador independiente, y ya ha sido implementado con buenos resultados en comunidades como Cataluña, Navarra y País Vasco, aunque su desarrollo sigue siendo desigual en el territorio nacional.
Por último, en el ámbito laboral y contencioso-administrativo, la ley excluye expresamente la obligatoriedad de los MASC, aunque la mediación y la conciliación siguen siendo prácticas habituales para resolver conflictos laborales.
El Futuro de los MASC en España
El futuro de los MASC en España se presenta como una oportunidad clave para transformar la administración de justicia y responder a la creciente necesidad de soluciones más ágiles, eficientes y adaptadas a la realidad social. La obligatoriedad de estos mecanismos, impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, representa un punto de inflexión al promover el diálogo y la corresponsabilidad de las partes, y al reservar el proceso judicial para aquellos casos en los que no sea posible alcanzar un acuerdo extrajudicial.
No obstante, para que los MASC logren desplegar todo su potencial, es fundamental la colaboración entre abogados, jueces, mediadores y legisladores. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible lograr una implementación efectiva, justa y homogénea, que evite la dispersión de criterios y garantice la seguridad jurídica para los ciudadanos. La Abogacía española, junto a otras instituciones, está reclamando la unificación de los criterios de procedibilidad, la elaboración de guías prácticas y la formación continua de los operadores jurídicos como medidas prioritarias para fortalecer la confianza en el sistema y evitar desigualdades en el acceso a la justicia.
La experiencia de otros países europeos muestra que la consolidación de los MASC requiere no solo un marco normativo claro, sino también una apuesta decidida por la formación y la cultura de la negociación. Si España avanza en esta dirección, los MASC podrán consolidarse como auténticas herramientas de modernización, favoreciendo soluciones más rápidas, justas y satisfactorias para todas las partes.
